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CASO COIMAS

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Antecedentes

Las acusaciones de Carlos Filippi respecto de que algunos funcionarios de gobiernos habrían recibido dineros a cambio de adjudicaciones ilegales de plantas de revisiones técnicas en la sexta región, dejaron al descubierto un manejo fraudulento por parte de más de diez miembros de la alianza de gobierno.

Filippi es conocido en Rancagua como uno de los empresarios más prósperos, según afirmó a Con Tinta Negra Mariano Tabaler, abogado del Ministerio de Justicia y amigo de autoridades y otros grupos de poder de la provincia, señalando que era un grito a voces que éste entregaba apoyo financiero a las campañas de varios parlamentarios concertacionistas, entre ellos Juan Pablo Letelier.

La oportunidad que abrió el apetito

La muerte de Oscar Zepeda en septiembre de 2000 -quien fuese hasta entonces concesionario de dos plantas de revisión técnica en Rancagua y de una distribuidora de combustibles- abrió el apetito de los restantes empresarios de la zona. Según la legislación vigente, las concesiones para operar plantas revisoras son intransferibles e intransmisibles y se adjudican en un proceso de licitación pública, por lo que el deceso de Zepeda abría la posibilidad de hacer un buen negocio. Más aún, cuando los posibles nuevos concesionarios había que buscarlos -de nuevo según la normativa- entre aquellos empresarios que ya estaban instalados en la zona.

Filippi -quien ya era concesionario de una planta de revisión técnica en Rancagua- se transformó en la alternativa viable para llevar a cabo un lucrativo negocio. "Yo era la única persona que me podía ampliar, porque yo gané la concesión en la zona y era imposible que una persona de otra comuna se viniera a instalar aquí", dijo Filippi al diario el Mercurio el 26 de octubre del 2002.

Sería esta maniobra la que prendiera la mecha del destino que hoy tiene a la Concertación en jaque, y con una clara disminución en la adhesión de la población, reflejada en una encuesta realizada por la Fundación Futuro la que revelaría un baja en la popularidad del gobierno en más de un 7 por ciento.

Lo anterior tiene su explicación si consideramos que las acusaciones de Filippi sólo correspondieron a la punta del iceberg, pues en el transcurso del proceso se ha vinculado a otros parlamentarios (en su gran mayoría de la Concertación) en casos de cohecho.

Entre ellos se cuentan Cristián Pareto y Jaime Jiménez (ambos democratacristianos) quienes fueron acusados por Carlos Denham -el principal plantero del país- de intentar extorsionarlo para conseguir beneficios económicos. Esta última denuncia representa un duro golpe para la alianza de gobierno, pues ambos diputados eran reconocidos por la opinión pública por su perfil fiscalizador, el que quedó muy mermado luego de las imputaciones de Denham.

Los inculpados

Varios son los heridos de muerte en la Concertación, pero sin lugar a dudas uno de los más perjudicados es Patricio Tombollini, presidente electo del Partido Radical, quien fue recluido en el anexo cárcel Capuchinos, y cuya libertad provisional le fue denegada en dos ocasiones por tribunales. Los otros dos imputados por los dichos de Filippi, Alejandro Chaparro y Erick Leyton lograron la libertad provisional.

A estas alturas del caso y con toda una maraña de nombres, parece pertinente incluir en este reportaje un perfil de los acusados y por qué están siendo investigados por el juez Aránguiz:

Patricio Tombolini, presidente electo PRSD: Filippi le hizo llegar, a través de su jefe de gabinete, Juan Guillermo Hurtado, tres millones de pesos para la campaña de Ernesto Velasco. Denham, en tanto, reconoce que estuvo en la reunión donde le pidieron dinero a cambio de más Plantas de Revisión Técnica (PRT). A un mes y medio de desatado el escándalo de las coimas, el ex subsecretario de Transportes se ha erigido como uno de los grandes perdedores de la crisis, afirmó Mariano Tabaler.

La ofensiva desplegada por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Javier Etcheberry y Guillermo Díaz, ha detectado varias irregularidades durante su gestión, como contratos a honorarios "brujos" o deficiencias administrativas de carácter grave, lo que neutraliza su eventual nombramiento en algún cargo de gobierno. Aún más, el presidente Ricardo Lagos -pasando por alto una tradición- se ha negado a recibir a las nuevas autoridades de la colectividad, pese a que Tombollini decidió congelar su permanencia a la cabeza de los radicales sólo minutos después de haber asumido.

Alejandro Chaparro, renunciado dirigente PPD: Acompañó al ex jefe de Finanzas del Sence, Eric Leyton, a cobrar el vale vista de $15 millones que el empresario Carlos Filippi asegura haber entregado para obtener la adjudicación de una planta de revisión técnica (PRT) en Rancagua.

Cristián Pareto, diputado DC: Alejandro Denham lo acusa de haberle pedido dinero para "garantizar" al empresario la continuidad de sus PRT. Fue el gestor de la reunión en el Plaza San Francisco, donde también participaron Tombolini, Jaime Jiménez y Eduardo Lagos

Jaime Jiménez, diputado DC: El presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara -uno de los más histriónicos denunciantes en este escándalo- pasó de acusador a acusado, luego de comprobarse que participó en el "negocio" que Pareto le ofreció a Denham, el 11 de julio.

Eduardo Lagos, diputado radical: Muy cercano a Tombolini, discutió con Denham ante la negativa de éste a aceptar el "trato" que el grupo de autoridades le planteó respecto a entregar dinero a cambio de futuras adjudicaciones de PRT

Juan Pablo Letelier, diputado PS: Desde que se destapó el caso, aseguró que Filippi lo ayudó sólo con vales de bencina en su campaña, pero éste asegura que además le pasó una camioneta y le adelantó $ 18 millones, a cambio de un cheque a fecha que fue protestado.

Aníbal Pérez, diputado PPD: Según Carlos Filippi, la gran amistad que unía a ambos se quebró cuando, a comienzos del año 2000, el parlamentario le cobró 30 millones de pesos por interceder en un caso que afectaba a un familiar del empresario. Sin embargo, hoy es el único parlamentario, que ha quedado sin culpas ante la justicia, ya que la petición de desafuero en su contra no procedió por falta de meritos. Es el único de los parlamentarios investigados por el juez Aránguiz que no fue desaforado, pues no se encontraron pruebas suficientes para aplicar dicha acción.

Víctor Manuel Rebolledo, diputado PPD: Sindicado por Filippi como el nexo con Tombolini en la red de coimas, asegura que su único delito ha sido la evasión tributaria en que incurrió al no haber presentado boletas por los $ 12 millones que recibió del empresario.

El sheriff del "caso coimas": marcando la pauta de un nuevo estilo

Nos referimos a Carlos Aránguiz, así denominado por Javier Etcheverría, abogado del ministerio de justicia y ayudante del ramo ética y legislación de prensa de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile.

El magistrado Carlos Aránguiz se transformó en protagonista indiscutido de la mayor crisis de la Concertación, desde el caso de las indemnizaciones, del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien luego daría motivo al surgimiento del libro de Maria Olivia Monckeberg, "El saqueo de los grupos económicos de Chile", reseña Echeverría a CTN.

El Juez sometió a proceso a los inculpados y pidió el desafuero de seis parlamentarios de la concertacionistas : Eduardo Lagos (PRSD), Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Jiménez (DC), Cristian Pareto (DC) y Aníbal Pérez (PPD). Éste último fue el único al que no se le aplicó el desafuero por falta de pruebas en su contra.

Para quienes lo conocen, el juez ha sido así siempre. Un caso que habla de su manera de actuar fue cuando ejercía como fiscal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Se le recuerda por haber denunciado durante años las irregularidades que ahí se cometían. Lo más notorio del desempeño de Aránguiz en este proceso ha sido la rapidez y dureza con la que ha actuado. "Las decisiones que ha tomado y que tomará del juez "anticoimas" son claves para entender la estatura de este magistrado", añadió Echeverría.

Desde que se le asignó el caso coimas, Aránguiz aclaró su estilo para enfrentar el proceso. Primero criticó a la comisión investigadora creada por el Congreso y la acusó de interferir en su trabajo al punto de declarar que el actuar del legislativo rozaba lo inconstitucional. A los pocos días de asumir e iniciar los interrogatorios comenzó a detener a los implicados y hoy procesados.

En los grandes casos de corrupción de los últimos años no se había visto un actuar tan expedito en un juez. El magistrado habla a través de esos hechos y transparenta su estrategia para lograr su objetivo último: la verdad. Detener e incomunicar es en la práctica doblegar con los instrumentos de la ley para que surja el testimonio determinante: "que piense mejor su versión, la soledad lo ayudará a colaborar con la investigación", le habría dicho al abogado de uno de los hoy procesados.

No hay humo blanco

El escándalo ya se traslado a la Moneda, dejando anulada la estrategia del gobierno de mantener a Lagos y a sus ministros fuera de la polémica. Éste nueva polémica es el denominado MOP-GATE (nombre sacado de las siglas de las dos entidades involucradas-Ministerio de Obras y públicas y la empresa GATE, encargada en la construcción de caminos, de la cual es dueño ex ministro OOPP, Carlos Cruz).

Los denominados sobresueldos, y la declaración de Cruz sobre los cheques de un millón y medio que recibía a fin de cada mes, correspondientes a los gatos reservados de la Moneda, son las más recientes repercusiones del caso coimas. El nuevo ministro Javier Etcheverry y el juez Carlos Aránguiz se han encargado de dar un ejemplo de fiscalización "limpiando la casa" a un costo que todavía la Concertación no para de estimar. Pese a esto, el Presidente Lagos a dado muestras de transparencia en su gobierno sentenciando que pese a todo "hay que investigar caiga quien caiga".


Personajes Involucrados

Patricio Tombolini,Carlos Cruz,Victor Manuel Rebolledo,Cristián Pareto,Jaime Jiménez,Juan Pablo Letelier


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